Jorge Ávalos: “La cultura y las políticas públicas” (editorial)

De por qué la definición de la palabra “cultura” puede afectar la efectividad de las políticas culturales del Estado, como lo demuestra el caso de El Salvador.

Jorge Ávalos
La Zebra | #18 | Junio 1, 2017

¿Qué significa “cultura”? ¿Cómo se come? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes beneficia? ¿Dónde se la encuentra? ¿Por qué hay una cultura que es “elitista” y se agarra a puñetazos con otra que es “popular”? ¿Es la violencia un rasgo cultural? La torpe ambigüedad de la palabra, desde las diversas y contradictorias maneras en que las usa la sociedad, hasta el enfrentamiento irreconciliable de las definiciones que de ella nos aportan ciencias sociales tan próximas entre sí como la sociología y la antropología, crean un problema práctico para la legislación y, por lo tanto, para la articulación clara de políticas públicas que respondan a la realidad de una nación con recursos tan limitados.

El 11 de agosto de 2016 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una Ley de Cultura, que promete avanzar “derechos culturales”, incluyendo “el ejercicio pleno de la libertad creativa, la educación artística, la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, así como el respeto a los derechos y dignidad de los artistas y creadores y a sus obras”. Esta ley, tan esperada por artistas, escritores e intelectuales del país, muchos de los cuales habían participado en enriquecer su redacción, causó una consternación y decepción profundas en el sector cultural cuando fue aprobada, y pasó desapercibida por el resto de la población. Un año después, el consenso es que la ley es inconsecuente e inefectiva.

La raíz del problema de la Ley de Cultura podría estar en la definición que la misma ley le da a la palabra cultura: “El con­junto de valores y creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas; y que comprende el conjunto de procesos, de producción, reproducción e intercambios simbólicos, cuya génesis reside en la dimensión humana creadora de sentido que se expresa en realidades tangibles e intangibles”.

La primera parte de esta definición está formulada en el libro Comunicación y poder (2009) del sociólogo español Manuel Castells, que cito a continuación, aunque al hacerlo caiga en una redundancia, por­que ilustra cómo las leyes en El Salvador no se escriben, más bien se cortan y pegan: “Por cultura entiendo el conjunto de valores y creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamien­to de las personas”. La segunda parte proviene del antropólogo Maurice Godelier, quien propuso un esquema de reproducción ideológica, y es a eso a lo que se refiere la frase cuando él habla de “procesos de producción y de reproducción como interacciones simbólicas”.

Si notamos bien, la apropiación de la definición de Godelier es errónea, porque la Ley de Cultura supone que los “in­tercambios simbólicos” son una parte del proceso de producción cultural, cuando en realidad lo que la cultura produce y reprodu­ce son, precisamente, esas interacciones simbólicas. Hay que notar que Godelier está muy influido por la sociología y que él también cree, como Castells, que la cultura es un conjunto de valores y normas. Desde el punto de vista teórico no hay ningún proble­ma con estas definiciones. Desde el punto de vista político, son problemáticas.

En realidad, la definición sociológica de la cultura incluye todas las normas y todos los valores, sean estos positivos o negativos: las pandillas tienen normas y valores culturales tanto como la Iglesia Católica, por ejemplo. Para la antropología cultural la dimensión de los valores y normas sociales implica que cultura y naturaleza humana son la misma cosa. Por lo tanto, más allá de ciertas normativas legales y de la enseñanza de valores morales en la educación, la ciudadanía debe preguntarse: ¿Se puede le­gislar la naturaleza humana? ¿Puede el Estado asumir el rol de gestionar las interacciones simbólicas en la sociedad cuando estas ocurren como efecto de la misma naturaleza humana? ¿Puede el Estado pretender hacer alguna de estas dos cosas sin violentar los principios básicos de los derechos individuales establecidos en la Constitución? ¿No sería más efectivo que la Ley de Cultura potenciara los derechos individuales que ya están contenidos en la Constitución?

Cultura es la capacidad del ser humano para adaptarse a un en­torno dinámico y cambiante.

El impacto económico y social de la globalización, la aparición y el creciente poder de las pandillas, la hegemonía de los conteni­dos mediáticos por empresas transnacionales, entre otros fenóme­nos sociales, ponen a prueba y amenazan la estabilidad social y la capacidad de los individuos para adaptarse. Como consecuencia, la sociedad tiene dificultades para crear redes y sistemas comple­jos, y para generar la masa crítica necesaria para fortalecer la competitividad nacional.

Uno de los propósitos fundamentales de la educación artística, por ejemplo, es que no haya una sola manera de inter­pretar la expresión individual de una mente creativa —una pin­tura, un cuento, un poema, una obra de teatro—, y esto prepara a los estudiantes para enfrentar el mundo de la ambigüedad o de las múltiples respuestas posibles a un solo problema; esto es lo opuesto de las matemáticas, en la que siempre se encuentra una respuesta única e invariable a cada cuestión. Al problema de 2 x 2 la respuesta siempre será 4. Para el problema de la proliferación de las pandillas no existe una respuesta única e invariable.

Un estudiante que conoce la diferencia entre el método científico y la infinita apertura de posibilidades que nos ofrece la creatividad humana estará mejor preparado para enfrentar los desafíos del mundo actual, que aquel estudiante que sólo conoce las ciencias ya resueltas y sus respuestas invariables, porque lo que nos da la capacidad para la innovación es la suma de las aplicaciones com­plementarias de la razón y la creatividad.

Cultura es la capacidad del ser humano para adaptarse a un en­torno dinámico y cambiante. Esta es una definición antropológica de la cultura, y es posible que sea más útil que la definición socio­lógica que usa la Ley de Cultura, porque si no podemos normar la naturaleza humana, tal vez sí podamos fortalecer nuestras de­bilidades y carencias para adaptarnos y responder a los desafíos del mundo actual, y tal vez sí podemos formar una sociedad más creativa, una ciudadanía más propositiva y una sociedad fortale­cida por la libertad ante los constantes golpes de la globalización o las falacias del populismo, vengan de donde vengan.

 


Este artículo es un fragmento del ensayo de Jorge Ávalos “La cultura, factor olvidado del desarrollo”, incluido en el libro El Salvador en Construcción (Carolina Ávalos, coordinadora. Istmo Editores, 2017).

Fotografía: “Milennial” por Jorge Ávalos.