Jorge Ávalos: “La hora oscura” (editorial)

Las acciones del 1 de mayo por la bancada oficialista en la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador auguran un tiempo muy oscuro para la democracia.

Jorge Ávalos
La Zebra | # 65 | Mayo 2, 2021

Esta nota amarga podría ser el primer borrador de una página imborrable en la historia de El Salvador.

El 1 de mayo de 2021 tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, la cual cuenta con una mayoría calificada de diputados del partido Nuevas Ideas (56/84), lo que significa que el poder legislativo puede darle paso libre a todos los caprichos del presidente.

Ahora, bien, con este grado de poder el presidente Bukele ya no necesita ejercer su cargo como lo ha hecho hasta ahora, incitando a la confrontación y con un sesgo tan propagandístico. Ahora tiene el margen de maniobra para usar el tiempo a su favor y proceder con inteligencia, cautela y con miras a su legado. Es decir, con una dosis de cordura, el poder de su partido en la Asamblea Legislativa bastaría para darle fuerza y legitimidad a sus propuestas, de tal manera que le permitiría avanzar sus políticas públicas, reducir las tensiones sociales y rescatar la imagen internacional del país, deteriorada por sus propias palabras.

Pero estamos ante una gestión del ejecutivo que no parece tener un plan para El Salvador. La visión de país que emerge de la actuación del gobierno, hasta ahora, es tan publicitaria en su diseño que no parece tener a un solo funcionario con la paciencia para unificar fuerzas sociales ni para gestionar los procesos que requiere un desarrollo humano integral, que fortalezca el progreso económico al mismo tiempo que fomenta avances en lo social.

A pesar de que está cerca de cumplir dos años en presidencia, Bukele no ha articulado todavía un análisis real de la situación del país y no tiene, por lo tanto, ni diagnósticos con datos fiables ni portafolios con las políticas públicas que responderían a los problemas más sentidos por los salvadoreños: la desigualdad económica y social que propician la delincuencia, la migración y la erosión del respeto a la democracia.

El primer día de la nueva Asamblea, por lo tanto, no sirvió para establecer la pauta de un poder legislativo dispuesto a construir futuro con base en una visión de país. Al contrario, bajo el eufemismo propagandístico de que buscaba “limpiar la casa”, se dedicó a destruir el único pilar de respetabilidad que le quedaba al Estado salvadoreño: la Sala de lo Constitucional.

En su primer día, o más bien, apenas iniciada la sesión, la bancada de Nuevas Ideas llevó a cabo y en secreto la elección de la nueva directiva de la Asamblea, y luego promovió la destitución del Fiscal General de la República y de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, con el propósito explícito de remover los únicos contrapesos institucionales a las políticas arbitrarias o inconstitucionales del Ejecutivo.

Estos actos son una expresión de miedo. Están enmascarados con la arrogancia verbal y la burla hacia la oposición política o la crítica ciudadana, con una amenaza tenaz hacia los periodistas y la opinión académica, y con un falso sentido de vindicación hacia los males del pasado. Pero que no quepa duda alguna, desmantelar el poder de Justicia que sirve de contrapeso al poder del Ejecutivo es un acto provocado por el miedo.

Estamos ante el primer paso de un ejercicio autoritario del poder, porque lo que el presidente Bukele busca con estas medidas es su autopreservación política, con un método que en buen salvadoreño se llama: joder antes de que me jodan. El fin último de esta maniobra es evitar la fiscalización civil y pública de su gobierno, y anular la efectividad de los instrumentos institucionales que vigilan y controlan el ejercicio de su poder.

Al remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, el presidente Bukele logra dos cosas: 1) se quita de encima a los poderes constitucionales que lo vigilan para que su gobierno no cometa ni actos de corrupción ni abusos de poder; y 2) al mismo tiempo allana el camino para que el gobierno tenga los instrumentos que necesita para hacer lo que a él le dé la gana hacer, y para usar, como le plazca, los recursos públicos. (Estos recursos son materiales —dinero y otras formas de capital—, pero también son humanos e institucionales —personas sumisas al poder que pueden usar el aparato de justicia para encubrir la corrupción o para bloquear y atacar a la oposición.)

Un poder político que presume de querer hacer cambios por el bien del país no necesita, a la manera de un capo de la mafia, realizar una masacre constitucional: tratando como enemigos a los garantes de la constitucionalidad o al Fiscal que investiga casos de corrupción gubernamental.

Un gobierno cuyo poder emana de la legitimidad de sus propuestas no tiene por qué tenerles miedo a los controles establecidos por la Constitución de la República ni al libre acceso o intercambio de información pública o de ideas sobre la cuestión pública. Pero este gobierno se porta como una bestia en un permanente estado de miedo: siempre a la defensiva, atacando por doquier a quien no viste el color correcto y confundiendo las opiniones críticas con ataques.

El nombramiento de un nuevo fiscal que ha sido investigado por vínculos a un cártel de tráfico, y la elección de un nuevo grupo de magistrados a la Sala de lo Constitucional, en un proceso que anula el mismo orden constitucional y atenta contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente, es una burla que no soporta el más elemental examen jurídico.

¿Qué legitimidad puede tener un magistrado o un Fiscal General elegido por medio de un madrugón, sin seguir el proceso constitucional? Un abogado que se presta a este tipo de maniobras, niega desde ya su conocimiento y su apego a la ley y, por lo tanto, también niega su propia legitimidad.

Ante las críticas de la comunidad internacional, incluyendo muestras de preocupación de los gobiernos de Estados Unidos y de Costa Rica, el presidente Bukele respondió: “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”.

No, el presidente Bukele no está limpiando su casa. De hecho, El Salvador no se puede comparar a una casa: es un país, una comunidad diversa y rica en visiones y opiniones. Son millones de hogares, de familias y de individuos. Es un destino común y una sola democracia, eso sí, pero no es su casa.

Un gobierno que se porta así, como un cúmulo de nervios en reacción permanente, sin mesura ni racionalidad, es muy peligroso. Sus ambiciones ya son claras: buscan la permanencia en el poder a toda costa. Para funcionar, este gobierno está formando a un ejército de funcionarios que le diga sí a todo y ha instituido un periodismo oficial de espejos para que sólo refleje la imagen del narcisista en el trono.

Así se instaura una dictadura. Y así se escribe la primera página de un capítulo en la historia de El Salvador que abre las puertas a la destrucción de nuestras libertades y garantías.

Ya no hay lugar para un lenguaje de esperanza porque no hay nadie más que pueda detener lo que está ocurriendo. Sólo una acción concertada a favor de la democracia puede revertir el rumbo que ha tomado El Salvador.

Foto oficial del fiscal electo por la bancada de Nuevas Ideas, Rodolfo Delgado, rodeado de los jefes de la Policía Nacional Civil. Delgado, que ahora está a cargo de las investigaciones por corrupción de funcionarios de gobierno, ha sido investigado por sus vínculos al cártel de Texis.
Fotografía del monumento a la Constitución por Ruth López, tomada en una manifestación de protesta en el redondel de la Constitución, San Salvador, 2 de mayo, 2021.