Paul Amaroli: “El patrimonio cultural de El Salvador en peligro” (opinión)

Un arqueólogo argumenta que la nueva interpretación de la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador fomentaría la destrucción de importantes tesoros arqueológicos.

Paul Amaroli
La Zebra | #32 | Agosto 17, 2018

En 1985, recorrí más de mil manzanas para identificar los restos que aún existían de Cuscatlán, la capital pipil. En el sitio arqueológico que se registró de Cuscatlán identifiqué tres áreas de suma importancia, descritas y ubicadas en un informe que, en 1986, dejé personalmente con los titulares del Ministerio de Cultura y Comunicaciones y el Ministerio de Planificación de aquel entonces.

El informe recomendaba la conservación de estas zonas, o en su defecto, que se iniciara desde ya (es decir, 1986) excavaciones de rescate arqueológico. No se hizo ni lo uno ni lo otro. Las instancias que debieron de haber velado para proteger o rescatar el sitio arqueológico Cuscatlán no hicieron nada para proteger el patrimonio cultural, al avalar el desarrollo urbano de la zona. En un par de años, se iniciaron construcciones en una de estas tres áreas (en Santa Elena), incluyendo de residencias y de la Embajada de Estados Unidos. No estuve en el país en ese momento, pero después entrevisté personas que trabajaron en las obras, quienes contaron de los hallazgos de muchos entierros con ofrendas.

Cuscatlan, Madreselva y el nacimiento de la ley

En 1992, se iniciaron las obras de la urbanización Madreselva en la misma zona de Santa Elena. Los tractores abrían caminos entre los cafetales. Estando de jefe del Departamento de Arqueología, y actuando de oficio bajo la Ley Transitoria de Patrimonio Cultural (una ley corta pero bien redactada), inspeccionamos los trabajos con mi entonces asistente, José Santos López.

Lo que vimos en el primer día confirmó la importancia de la zona: cuatro entierros expuestos en un solo paso de tractor (eran el período Clásico Tardío, una ocupación más temprana del sitio Cuscatlán). Iniciamos trabajos de rescate que continuaron unos pocos meses y con pocos recursos (transporte en mi pickup, trabajadores “importados” de San Andrés, Cihuatán y Tazumal, algunas donaciones de insumos). Conforme iba pasando el tiempo, crecía la hostilidad hacia los trabajos de rescate, pese a coordinarlos con los encargados de la urbanización para evitar interferencia con las obras. Empezábamos a oír disparos, que creo apuntaban sobre nuestro grupo, y esto se volvió un hecho diario. En más de una ocasión, nos echaron los tractores.

Pese a estas dificultades, llegamos a identificar varias estructuras largas, que serían residencias élites (palacios modestos) y pirámides también modestas. En el interior de la mayor pirámide, excavábamos una estructura interna construida con bloques de talpetate… La imaginación hacía pensar que podría ser una cámara funeraria, pero nunca lo pudimos examinar. Después de que los encargados vieron este hallazgo (o principio de hallazgo), al día siguiente cerraron el acceso con guardias armados. Hasta este momento, no se había hecho mucha difusión de los trabajos arqueológicos, pero con el cierre, fuimos a los medios.

Hubo una robusta cobertura de la situación: la destrucción de Cuscatlán.

La Asamblea Legislativa tomó cartas en el asunto, y después de unos 3 meses de cierre, una comisión de diputados exigió entrar a constatar la situación. Fui con ellos. La construcción había continuado y había grandes cantidades de tiestos y otros materiales culturales esparcidos. Llegamos donde estaba la pirámide, pero ya no existía, un tractor la había arrasado. Los diputados se mostraron ofendidos por la destrucción e hicieron dos cosas: 1) actuaron para permitir 6 meses más de rescate (esta es una historia aparte); y 2) decidieron actuar sobre un proyecto de ley que estaba prácticamente olvidado: la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador.

Después de unos meses de revisión, en abril, 1993 la ley fue aprobada por unanimidad. Uno de los diputados me comentó que de no ser por su indignación por lo que atestiguaron en Madreselva, ese proyecto de ley podría haberse quedado engavetado. Paralelamente, el presidente Alfredo Cristiani ordenó a la Ministra de Educación emitir un decreto de protección para el sitio arqueológico Cuscatlán, y yo formulé la descripción del polígono del área protegida (un decreto que lamentablemente hasta hoy es irrespetado).

Tacuscalco, la urbanización Las Victorias y la evisceración de la ley

Desde julio, 2017, según se informa, las obras de la urbanización Las Victorias (de Fénix, S.A.) viene destruyendo parte del sitio arqueológico Tacuscalco. La destrucción de Tacuscalco es ahora de amplio conocimiento, así como su importancia como un sitio arqueológico con dos milenios de ocupación, y que fue escenario de una famosa batalla cuando miles de guerreros pipiles enfrentaron al ejército de Pedro de Alvarado.

Tacuscalco es un sitio que debería ser un destacado parque arqueológico.

En parte, la historia de hace 26 años ahora se repite: una comisión de la Asamblea Legislativa visitó la urbanización para constatar la destrucción de parte de Tacuscalco. Sin embargo, la reacción de la presente comisión fue diametralmente opuesta: ahora los diputados promueven quitar los dientes a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural. Específicamente, se propone modificar con una “interpretación auténtica” el Artículo 8 de la ley.

Hasta el momento, este es el artículo que permite al órgano cultural (Ministerio de Cultura) exigir estudios arqueológicos antes de realizar urbanizaciones y otros proyectos de desarrollo. Con la modificación, esto se limitaría únicamente a los sitios ya declarados como “bienes culturales”, que son muy pocos. Siendo que la mayoría de sitios arqueológicos en El Salvador aún son desconocidos (se puede estimar que habrán diez veces, o más, de los actualmente registrados), y por ende no están declarados como bienes culturales, esto significa que habrá destrucción libre y general del patrimonio arqueológico.

Esto es un grave retroceso en la protección del patrimonio arqueológico. Es consignar el pasado a la destrucción.

 


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PAUL AMAROLI es un arqueólogo estadounidense radicado en El Salvador. Graduado de Antropología en la Universidad de California, Berkeley, fue miembro fundador de la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR) en 1996, el único organismo no gubernamental en el país que se dedica a conservar, proteger e investigar el patrimonio arqueológico salvadoreño. Autor de numerosos estudios especializados, su libro más reciente es Arqueología de El Salvador (FUDAR, San Salvador, 2015).